Por: María Fernández Trueba, Especialista en Género, PNUD Panamá. 

Publicado por La Prensa el 15 de marzo del 2019.

Si bien Panamá es un país de renta alta y se ubica entre los que muestran un desarrollo humano alto, el país ocupa la posición 109 de 189 del Índice de Desigualdad de Género (PNUD 2018) que mide, entre otros aspectos, el empoderamiento asociado a la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres.

Esta desigualdad de género merma significativamente el potencial de desarrollo humano de las mujeres en Panamá. Paradójicamente, mientras que en las elecciones presidenciales del 2014 más de la mitad del electorado estuvo compuesto por mujeres y que una de cada dos personas afiliadas a partidos políticos eran mujeres, las panameñas aún no están ocupando suficientes posiciones de poder en la toma de decisiones. El 82% de parlamentarios y el 89% de representantes de corregimiento son hombres, y en la función pública sólo 2 de cada 10 carteras ministeriales y 15% de las alcaldías son lideradas por mujeres.

La escasa representación de panameñas en cargos políticos o públicos no radica en su interés o en su preparación, como muchos argumentan, pues las estadísticas nacionales indican que se inscriben más mujeres que hombres y que estas presentan un mejor desempeño y una mayor permanencia en los tres niveles educativos.

Estas brechas se deben a factores estructurales que contribuyen a restringir el acceso a la participación de las mujeres en la vida pública y política como: la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, los estereotipos sexistas que identifican la política como “cosa de hombres”, el acoso o la violencia política como una forma más de dominación y opresión a las mujeres, un menor acceso a las redes de apoyo que facilitarían su incursión en las actividades políticas, y por último, una menor autoestima, seguridad y experiencia en la gestión pública por la, antes mencionada, tradicional exclusión de las mujeres de la vida pública.

Panamá necesita un enfoque estratégico integral que vincule el aumento de mujeres en la toma de decisiones en la vida pública y privada, con políticas de conciliación y corresponsabilidad social entre hombres y mujeres, fomentando la autonomía económica de las mujeres, el acceso a recursos y oportunidades para progresar, y la protección y garantía de la libertad de las mujeres, libres de violencia.

Se deben promover la paridad representativa, la paridad a lo interno de los partidos políticos y los procesos electorales incluso como principio constitucional.

Así mismo, debe consolidarse el liderazgo de mujeres a través de la capacitación, crear bancadas parlamentarias, fortalecer las redes de mujeres políticas y la capacidad de incidencia del movimiento de mujeres y, por último, potenciar a mujeres jóvenes en espacios de toma de decisiones, favoreciendo el relevo generacional.

Hay esfuerzos y avances coordinados. Entre diciembre 2018 y enero 2019 más de 200 mujeres candidatas de partidos políticos, así como de la libre postulación recibieron capacitación en liderazgo, campaña y propuesta política, imagen y proyección, y legislación electoral vigente.

Fueron 12 talleres que abarcaron todo el territorio nacional implementados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, aún hay mucho que hacer para que muchas mujeres que hoy lideran mayoritariamente aspectos de política social y comunitaria en el país ocupen espacios de poder y de toma de decisiones. Es crucial que los partidos políticos promuevan la igualdad sustantiva, integrando la perspectiva de género en los programas, estructura y funcionamiento interno; así como combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia política.

Desaprovechar el talento y contribución de las mujeres se traduce en una pérdida de potencial de desarrollo para Panamá y sus habitantes. Impulsarlo contribuye a mejorar la democracia. Incorporar a más de la mitad de la población en los procesos de toma de decisiones y de generación de políticas públicas es determinante para el logro de sociedades más justas e igualitarias, en cumplimiento al compromiso de Panamá con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y las metas establecidas en sus objetivos No. 5 “Igualdad de Género” y 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

Notas del editor:

En días pasados el Sistema de las Naciones Unidas en Panamá acompañó como testigo de honor la firma del V Pacto “Mujeres, Desarrollo e Igualdad, Agenda de las Mujeres” en el que los 6 de los 7 candidatos y la candidata a la Presidencia de la República se comprometieron a incluirlo en sus planes de gobierno como una base para la construcción, el diseño y la implementación de políticas públicas para garantizar los derechos de todas las mujeres en el país a través de medidas integrales y sostenibles que garanticen los derechos de todas las niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en el país sin ningún tipo de exclusión. Ver comunicado.