Panamá, 20 de septiembre de 2018-. Panamá será uno de los primeros países de Latinoamérica y el Caribe que el próximo 27 de septiembre firme el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental vinculante del mundo que equipará los derechos ambientales con los derechos humanos. Este histórico acuerdo regional se abrirá a la firma de los países en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Panamá se cuenta entre las naciones que han confirmado la firma del tratado internacional, que requiere de la adhesión de 11 de los 33 países que conforman la región para su entrada en vigor y que posteriormente tendrá que ratificarse en la Asamblea Legislativa panameña para su implementación en el país.

El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo multilateral que protege con carácter vinculante los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y el cambio climático.

“Este acuerdo tiene por objeto garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y a su participación en las decisiones que afectan sus vidas y entorno”, afirma Jessica Young, oficial nacional para asuntos ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Panamá. El Acuerdo de Escazú es la plasmación del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Según Young, un ambiente sano y un entorno ecológico seguro son requisitos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

El tratado incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, un hito para una región que en 2017 fue escenario del 60% de los asesinatos de defensores ambientales, cifra que en el mundo ascendió a 207 defunciones, según datos de Global Witness.

Por su parte, Joana Abrego, especialista del Ministerio de Ambiente, afirma que con la ratificación del tratado Panamá contará con un instrumento jurídico adicional que “robustecerá la gobernanza ambiental” permitiendo hacer frente a las problemáticas ambientales que enfrenta el país.

Los desafíos ambientales que enfrenta Panamá son comunes a la región latinoamericana. Entre ellos pueden mencionarse la expansión de la frontera agrícola, la degradación del suelo, la contaminación del agua y del aire o la deforestación y la pérdida de biodiversidad, entre otras problemáticas. Un ejemplo de externalidad ambiental a nivel regional es el generado por la ausencia de tratamiento de aguas. Según datos del Banco Mundial, en Latinoamérica el 70% del agua que se usa en las urbes, industria y agricultura regresa a los ríos y el mar sin tratamiento, lo que impacta en la salud de los ecosistemas y de las personas.

“Gracias al Acuerdo de Escazú cualquier persona podrá solicitar información sobre el medioambiente a los gobiernos, como por ejemplo información sobre la calidad del agua, estudios de impacto ambiental o capacidades de carga”, indica Rodrigo Noriega, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). En el texto del acuerdo se recoge que los gobiernos contarán con un plazo de treinta días para emitir respuestas a las consultas efectuadas por la ciudadanía.

Abrego, Young y Noriega formaron parte del panel de especialistas en el foro “Construyendo para el planeta”, organizado por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) para analizar la implementación del Acuerdo de Escazú en Panamá. En el encuentro, celebrado en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) el pasado 19 de septiembre, participaron representantes de otras autoridades nacionales y asociaciones comprometidas con la defensa del medioambiente, como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Fundación para la Libertad Ciudadana, la asociación de estudiantes de la USMA, y el Diario La Prensa.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y negociado por delegados gubernamentales de 24 países de la región con la participación organismos internacionales y de la sociedad civil. El texto se viene negociando desde 2014 y es la plasmación del Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, cuyo fin es “garantizar el derecho a un medioambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras”.