Ciudad de Panamá-. Panamá registra una semana en la que se adoptaron importantes medidas ambientales para el país: dos decretos ejecutivos para la protección de los humedales y la biodiversidad del país, la primera entrega de financiamiento a través de un fondo nacional para proyectos ambientales, y la constitución de un comité interinstitucional para la protección de los mares panameños.

El pasado martes el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ratificó sendos decretos ejecutivos para la entrada en vigor de la Política Nacional de Humedales y del Plan Nacional de Biodiversidad. Ambos instrumentos contemplan planes y medidas concretas para el ordenamiento del territorio y la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales de Panamá, uno de los países con mayor índice de biodiversidad del mundo y con más de 1.740 kilómetros cuadrados de manglares en sus costas.  

La participación ciudadana ha sido un elemento central en el diseño y validación de estas políticas. El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, destaca que se han conformado 25 comités de cuenca, 42 comités consultivos provinciales y distritales y convocado 10 conversatorios abiertos. El titular de Ambiente agradece al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por “el acompañamiento en este esfuerzo que fortalece la participación ciudadana en el manejo de los recursos naturales del país”.

En la ceremonia de firma de las políticas, Varela anunció la selección de 66 proyectos ambientales por un valor total de 16 millones de dólares a ser financiados por el Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. La entrega de recursos a las asociaciones estuvo auspiciada por el Banco Mundial.  

Se trata de la primera convocatoria realizada por este megafondo nacional, cuya meta es garantizar una fuente permanente de financiamiento y de apoyo a iniciativas ambientales “para cerrar la brecha financiera existente en la gestión ambiental”.

En total se presentaron 111 proyectos que abarcan iniciativas sobre seguridad hídrica, cambio climático, monitoreo ambiental, áreas protegidas, reforestación, I+D y fortalecimiento de la gestión ambiental. Entre las organizaciones que recibieron fondos destacan las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), universidades, fundaciones, organizaciones y miembros de la Comunidad Científica, ONG, sector privado y municipios.

Otro hito para el impulso de la agenda ambiental lo constituye la puesta en marcha de la Política Nacional de Océanos, un marco nacional para impulsar leyes y normativas que garanticen el uso sostenible de los recursos marinos y costeros.

El pasado lunes se constituyó la Comisión Nacional de Océanos, presidida por la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo. Se trata de la primera plasmación de la Política Nacional de Océanos, que fue anunciada en octubre en el marco de la conferencia de la ONU “Nuestro Océanos 2018” y tiene por objeto la formulación, evaluación y monitoreo vinculados a la protección de los mares panameños.

Panamá cuenta con 2.900 kilómetros de extensión litoral que alberga una gran riqueza natural y donde concurren diversas actividades económicas como son la pesca, el sector logístico y la navegación marítima, hábitats, corredores marinos, ecoturismo, entre otras actividades. Uno de los principales desafíos del país es lograr el desarrollo sostenible de sus zonas marino-costeras.

La comisión está integrada por los ministerios de Relaciones Exteriores; Seguridad, Ambiente, Comercio e Industrias, Asuntos del Canal; la Autoridad del Canal de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá y Autoridad de Turismo de Panamá, así como por la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología. En sucesivas fases, la comisión se abrirá a la participación de otras instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil.

El PNUD, a través de la Oficina País de Panamá, acompaña al Gobierno en este esfuerzo, en el marco del proyecto “Apoyo a la Modernización del Modelo de Gestión Ambiental de Panamá”.

Acuerdo de Escazú

La apuesta del Gobierno de Panamá por impulsar y consolidar la agenda ambiental viene acompañada por la adhesión del país a un tratado internacional que equipara los derechos ambientales a los Derechos Humanos: el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, localidad costarricense donde fue adoptado.

El tratado fue firmado por Panamá el 27 de septiembre en la sede de la ONU junto con otros diez países, y actualmente se encuentra en proceso de ratificación para su entrada en vigor.

La gerente nacional para Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Panamá, Jessica Young, destaca que Escazú supone un hito en América Latina ya que regula el derecho de acceso a la información ambiental, así como el derecho a participación en los procesos de consulta y toma de decisiones ambientales. Esto significa "ahondar en democracia ambiental y en el empoderamiento de la ciudadanía", de acuerdo con Young.