Panamá, 20 de julio de 2018-. Impulsar la coordinación para prevenir y enfrentar la caza furtiva y el tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna. Tal fue el propósito que por espacio de dos días unió a representantes y personal técnico del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) y de las principales autoridades panameñas de cuyo desempeño depende el éxito a la hora de enfrentar esta realidad, como son el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional Aeronaval, y los cuerpos de seguridad y defensa del país.

Se estima que en Panamá hay alrededor de 1.800 especies de animales y plantas que son vulnerables o están en peligro crítico de extinción. Numerosas de estas especies se enfrentan al tráfico ilícito y otros delitos, además de múltiples causas como la destrucción de su hábitat o el cambio climático.

El encuentro, organizado por MiAMBIENTE con asistencia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tuvo como meta impulsar y mejorar mecanismos y acciones de coordinación interinstitucional para prevenir, desalentar y detectar delitos contra el ambiente derivados del tráfico ilegal de especies de flora y fauna.

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, destacó la importancia de complementar la acción interinstitucional con el trabajo con las comunidades locales. El ministro manifestó que el fomento del ecoturismo es una oportunidad de desarrollo en el plano local y permite poner en práctica políticas de conservación compatibles con la generación de ingresos para las comunidades, lo cual convertiría a los actores clave en los principales custodios del uso sostenible de la biodiversidad, destacó Sempris.

El tráfico de especies amenazas es un fenómeno transfronterizo y su reglamentación requiere de la cooperación entre países. El tratado internacional que regula esta realidad es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ratificada por Panamá en 1978.

A nivel global, se estima que anualmente el comercio internacional de vida silvestre se eleva a miles de millones de dólares, siendo este tráfico considerado por la Interpol como el tercer tipo de negocio ilícito más importante del mundo, después del comercio de estupefacientes y de armas.

Las jornadas pusieron en evidencia la necesidad de reducir la demanda de productos ilícitos provenientes de la vida silvestre a todos los niveles, incluyendo el global, a la par que se promueven medios de vida sostenibles para las comunidades locales. En el encuentro se buscó además una interpretación homogénea de los lineamientos de las normativas nacionales para la CITES, y se exploraron mecanismos de implementación integrada de otros acuerdos multilaterales de medioambiente, así como el establecimiento de protocolos de acción interinstitucional, entre otros temas.

La oficial nacional de Programa para Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD en Panamá, Jessica Young, explicó que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible figura específicamente la meta de poner fin a la caza furtiva y el tráfico ilícito de especies protegidas de fauna y flora silvestres. Prevenir los delitos contra el medioambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana es, según Young, “un imperativo para revertir las consecuencias negativas en el ámbito no solo medioambiental, sino económico y social”.

Un paso importante que ha dado Panamá es tipificar como delito la posesión de vida silvestre adquirida ilegalmente. El objetivo del taller fue articular la acción institucional de una forma más efectiva para lograr que el delito y su pena sean elementos disuasorios. Para lograrlo, MiAMBIENTE tiene como meta liderar alianzas estratégicas, en consonancia con el Objetivo 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En el evento participaron representantes y personal técnico de MiAMBIENTE, PNUD, Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Autoridad Nacional de Aduanas, Ministerio Público, Policía Nacional, Policía Ecológica, Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Servicio Nacional de Migración y Ministerio de Salud (MINSA). Todos los participantes coincidieron en que es sumamente clave contar con procedimientos claros para la coordinación efectiva y capacitaciones periódicas para estar actualizados en las normativas y en mecanismos de identificación de especies o subproductos objeto de tráfico ilegal.