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América Latina y el Caribe está atrapada en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento. Como consecuencia, pese a importantes avances, nuestra región continúa siendo la segunda más desigual del mundo y nuestras economías están entre las menos productivas.
Estos dos fenómenos no son independientes: interactúan en un círculo vicioso que mantiene a la región atrapada en esta trampa. Tres de los factores críticos que la alimentan son: la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus propios intereses y bloquean reformas que pudieran mover a los países en las dos direcciones; la violencia criminal, política y social, y políticas de protección social fragmentadas y poco efectivas que dan lugar a mercados laborales altamente informales.
En el caso de Panamá, el crecimiento se ha mantenido alto en el contexto de la región, sin embargo, concentrado en sectores productivos y provincias específicas, lo que se constituye en un factor estructural de desigualdad. Por tanto, pareciera que no sólo se trata de mantener un crecimiento alto, sino también diversificado y balanceado territorialmente. De igual forma, las políticas y la inversión productiva se enfoca en las áreas con mayores ventajas comparativas del país, que por lo general son sectores que no son intensivos en mano de obra, lo cual tiene un impacto en la concentración del ingreso y, con ello, la capacidad de influir en la toma de decisiones.
Panamá sigue siendo un país relativamente seguro y pacífico, en el contexto de la subregión centroamericana, pero si ha dado señales de incremento en algunos indicadores, como la violencia doméstica, y vivió momentos de incremento en la tasa de delitos, lo que se vio asociado a las dinámicas de crecimiento económico, flujos migratorios (internos y externos) y pérdidas en el capital y los lazos de cohesión social, es decir, procesos de transformación social que requieren nuevas respuestas por parte de las instituciones públicas.
La protección social está enfocada en la población trabajadora del sector formal, no tiene un alcance universal y se complementa con los programas de transferencias condicionadas que han jugado un papel importante para compensar a las poblaciones menos beneficiadas por la dinámica económica. Estos esfuerzos importantes han perdido impacto, debido a la necesidad de incrementar los recursos y la cobertura, pero con logros menos significativos en la reducción de la pobreza, además que no se han articulado a políticas de desarrollo socio-productivo, por lo cual no se ha logrado favorecer el desarrollo de forma endógena en los territorios.
Las percepciones de desigualdad y justicia también juegan un papel fundamental, porque moldean las actitudes y preferencias de la gente hacia la redistribución. La forma en que estos diferentes factores interactúan depende del contexto particular de cada país. Se aprecia, en el caso de Panamá, de acuerdo con datos del Latinobarómetro, que un alto porcentaje de las personas considera que la distribución del ingreso es injusta (78%), al igual que el acceso a la justicia (79%), indicando que la igualdad ante la ley no está garantizada (76%) y que, además, el país se gobierna por los intereses de los grupos poderosos (81%).
El Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea que solo de abordarse la complejidad de las interacciones entre estas variables, la región finalmente podrá romper la trampa en que se encuentra. Un punto de entrada para abordarla es el diseño de sistemas de protección social que sean universales, más inclusivos y redistributivos, y fiscalmente sostenibles.
Panamá había logrado reducir su sector informal en la década pasada, asociado a altas tasas de crecimiento y pleno empleo. Pero la informalidad ha vuelto a subir y antes de la pandemia se ubicaba en un 44.9%, pero se estima que con la pandemia llegó al menos a 52.8%. La seguridad social cubre al 65% de la población, pero menos de la mitad son asegurados directos, la mayor parte dependiente, lo que tensiona la financiación del sistema. El crecimiento del sector informal ha contribuido a la reducción de las tasas de desempleo, pero se relaciona a sectores con menor contribución al PIB, lo que limita su participación en el ingreso. Cerca de un 5% de la población, con menores ingresos, es beneficiaria de la seguridad social no contributiva, por lo que aún existe un 30% de la población sin protección social y en empleos de baja productividad, lo que puede perpetuar la pobreza y la desigualdad.
La combinación sostenida de alta desigualdad y bajo crecimiento genera un equilibrio social muy frágil. La crisis de la Covid-19 demostró la rapidez con la que se pueden producir retrocesos en los avances. El PNUD, presente en más de 40 países y territorios de América Latina y el Caribe, continuará trabajando con los gobiernos y actores no gubernamentales para discutir, extraer lecciones y proponer vías de acción concretas en cada contexto que aborden los mecanismos que subyacen y reproducen esta trampa a nivel local. Este es el inicio de una conversación fundamental para definir un pacto social renovado, próspero, inclusivo y sostenible para nuestra región.