El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien celebró la adopción del primer tratado ambiental vinculante bajo los auspicios de la CEPAL. Crédito de la foto: CEPAL.

 

Por Jessica Young, oficial nacional para Desarrollo Sostenible y Ambiente del PNUD en Panamá. 

Hoy Panamá hará historia al adherirse al acuerdo más importante sobre derechos humanos y justicia ambiental de Latinoamérica y el Caribe. Estamos ante el primer tratado vinculante del mundo que equipara legalmente los derechos ambientales con los derechos humanos a nivel global.

Hoy, 27 de septiembre, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York abre oficialmente a firma el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que requiere de la adhesión de 11 de los 33 países que conforman la región para su entrada en vigor. Panamá es uno de los primeros países en unirse al acuerdo, que estará abierto a la firma durante 24 meses. Posteriormente, el instrumento tendrá que ratificarse en la Asamblea Legislativa de la República de Panamá para su entrada en vigor en el país.

El Acuerdo de Escazú tiene por objeto garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y a su participación en las decisiones que afectan sus vidas y entorno. Es el primer tratado multilateral vinculante que protege los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra la deforestación y el cambio climático, así como la calidad del agua y del aire.

En la práctica, es un instrumento jurídico para garantizar un derecho humano básico: el derecho a disfrutar de un entorno ecológico sano como requisito para el pleno disfrute de otros derechos humanos, como son el derecho a una vida digna, a la salud, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento.

El tratado regional es el resultado de cuatro años de negociaciones y fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la localidad costarricense de Escazú, y viene a operativizar el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en 2012 que estableció los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental para todas las personas como la mejor forma de tratar los asuntos ambientales.

Escazú es un acuerdo ambiental de segunda generación que garantiza derechos procedimentales fundamentales para implementar de manera adecuada la Agenda 2030 de para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos (ODS) y dar seguimiento a otros acuerdos internacionales como el Acuerdo de París (2015) y el Convenio de Diversidad Biológica (1993).

El Acuerdo de Escazú trae beneficios que son importante resaltar:

(i)               promueve el multilateralismo dado que propone soluciones simétricas, a problemas comunes en toda la región de Latinoamérica. Propone estándares regionales, intercambio de experiencias entre países, así como cooperación Sur-Sur, y una plataforma regional con herramientas a la mano para mejorar capacidades y promover mejores políticas públicas.

(ii)             promueve la gobernanza, al ser un instrumento “poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza” en línea con el ODS 16 que promueve un enfoque basado en derechos y sienta las bases para la democracia, la ciudadanía y la institucionalidad en materia ambiental.

(iii)           exige la protección para los y las defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Un aspecto fundamental es que el tratado incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

(iv)           no dejar a nadie atrás, el Acuerdo de Escazú incorpora disposiciones para hacer frente a asimetrías en las relaciones de poder, poniendo especial atención a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad como pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y jóvenes, personas con discapacidad, ancianos, y personas con menos ingresos.

(v)             promueve el uso de la tecnología y por lo tanto la innovación para dar acceso a la información útil, en tiempo oportuno y facilitar la participación, con datos abiertos por ejemplo. La tecnología debe usarse para acercar más y disminuir las brechas.

El Acuerdo de Escazú abre la oportunidad de iniciar una nueva etapa en nuestra región de relación virtuosa entre la defensa del medioambiente y el avance de los derechos humanos. Sabemos que sin un ambiente saludable no puede haber desarrollo económico y social posible. Escazú nos muestra el camino: más derechos ambientales y de mayor rango y alcance para construir sociedades prósperas e inclusivas que nos acercan más a cumplir la Agenda 2030.

Jessica Young es especialista en políticas ambientales y gobernanza ambiental para el desarrollo sostenible. 

*Artículo publicado originalmente en el diario La Prensa

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